Más de 5.000 víctimas, 300 abogados y cinco acusados protagonizaron en Marsella (sur de Francia) la apertura del proceso por las prótesis mamarias defectuosas, un 'macrojuicio' por estafa contra los creadores de estos implantes que más de 80.000 personas llevaron en todo el mundo hasta su prohibición en 2010. (Archivo: Prótesis PIP ¿Quién responde?).

El juicio, que tiene una duración prevista de un mes, se abrió a media mañana después de que los magistrados rechazaran la demanda de uno de los acusados de anulación del proceso por un problema de procedimiento.

En el centro de todas las miradas el principal acusado, Jean-Claude Mas, propietario y fundador en 1991 de la empresa Poly Implant Prothèse (PIP), que llegó a ser durante año el cuarto productor mundial de implantes mamarios.

En buena medida gracias a su bajo precio, ya que estaban fabricadas con un gel no autorizado, un derivado de una silicona industrial diez veces más barato que los productos homologados.

Con ese procedimiento, que con ayuda de los empleados de la empresa ocultó a las inspecciones sanitarias, PIP logró un ahorro de un millón de euros anuales, según la acusación.

Y levantó un imperio asentado primero en Francia, pero que con el tiempo miró fuera de las fronteras galas, donde obtenía el 84 por ciento de su facturación, esencialmente en América Latina, donde en países como Venezuela se calcula que 33 mil mujeres se implantaron sus prótesis. (Colombianas también están en el juicio).

Una maquinaria que funcionó hasta que los médicos detectaron un elevado porcentaje de ruptura de los implantes PIP, lo que llevó a abrir una investigación que sacó a la luz la estafa.

Mas llegó a la audiencia rodeado de sus abogados y en medio de los insultos de muchas de las víctimas, que le acusaron de haberlas "envenenado".

El fundador de la empresa, descrito por sus empleados como un "dictador", defiende que el gel que él inyectaba en sus prótesis era mejor que el homologado y más barato y asegura que no tenía ningún riesgo para la salud.

Un argumento que los servicios de inspección médica no han podido rebatir, ya que por el momento no han demostrado que los implantes PIP tuvieran consecuencias sanitarias.

Aunque sí que han detectado que un alto porcentaje de ellas presentaban anomalías, lo que hacía más sencillo que se rompieran o que supuraran.

Mas no ocultó en sus interrogatorios ante la policía que utilizaba su propia silicona, lo que le llevó a pasar varios meses en prisión por negarse a pagar la fianza arguyendo no tener liquidez.

Un argumento que repitió hoy ante el tribunal, donde aseguró que sus únicos ingresos son los 1.700 euros que cobra de pensión, una declaración recibida con pesadumbre en la sala donde asisten al proceso decenas de afectadas, que piden ser indemnizadas por los daños sufridos.

Sus esperanzas de cobrar chocan contra las declaraciones de los abogados de Mas, que aseguran que está en la ruina, con su empresa en quiebra.

Un argumento que no cree la acusación particular, que no se explica dónde ha pasado el dinero amasado durante una década y que sospecha que puede estar a buen recaudo en cuentas abiertas en Venezuela o en Costa Rica.

Aunque todo eso no será tratado en el proceso de Marsella, donde solo se juzgarán las acusaciones de estafa, por las que Mas puede ser condenado a un máximo de cinco años de cárcel.

Los abogados de las víctimas también lamentan que en el banquillo de los acusados no se sienten los responsables de las inspecciones sanitarias que no hicieron bien su trabajo o la empresa alemana que certificaba las prótesis PIP y que durante años dio su aval a un producto que no estaba conforme a las normas.